Esta semana, la entrada del Tribunal Supremo se ha convertido en el escenario de un hecho inédito en la historia reciente de la democracia española: cerca de un millar de jueces y fiscales han salido de sus despachos para alzar la voz, no por un aumento salarial ni por una mejora en sus condiciones laborales, sino por algo mucho más esencial: la defensa de la independencia judicial y la denuncia de la creciente injerencia política en su labor.
Un año más, Hacienda ha publicado su ya famosa lista de morosos. Y, como cada vez que esto ocurre, vuelven a aparecer nombres que llaman la atención más por su popularidad que por el escándalo fiscal en sí. Isabel Pantoja, Bertín Osborne y Arda Turan son algunas de las caras conocidas que deben grandes cantidades a las arcas públicas. Lo preocupante no es solo que figuren en la lista, sino que la mayoría de ellos llevan años en ella como si nada, mientras siguen con sus carreras, apariciones públicas y vidas de lujo.
España se ha sumado, al menos sobre el papel, a la declaración de la OTAN que insta a los países miembros a destinar hasta un 5% de su PIB a Defensa. Pero Pedro Sánchez, con esa soltura tan suya para pisar una moqueta europea diciendo una cosa y regresar a casa haciendo la contraria, asegura que el 2% “es suficiente”. ¿En qué quedamos? ¿Somos aliados responsables o solo lo parecemos en las fotos de familia?
Las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, tras el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, han vuelto a encender el debate sobre esta controvertida norma. Feijóo no se ha andado con rodeos, calificando la ley de "ilegal, inmoral, una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder, un obús contra la separación de poderes". Sus palabras reflejan una oposición frontal y contundente, que resuena con una parte importante de la sociedad española.
Si se confirma que Pedro Sánchez tiene en mente descabezar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para frenar o entorpecer investigaciones como las del “caso Begoña” o las ramificaciones que afectan al PSOE en el “caso Cerdán”, estaríamos no solo ante una maniobra política escandalosa, sino ante un atentado directo contra el Estado de Derecho. Porque una cosa es jugar al desgaste con la oposición o maniobrar con los tiempos parlamentarios, y otra muy distinta es meter mano en los cuerpos que velan por que la ley se cumpla, sea quien sea el investigado.
