El reciente pronunciamiento de Pedro Sánchez, pidiendo "disculpas y perdón" por el caso Cerdán, ha dejado un sabor agridulce en la opinión pública y mediática. Si bien el gesto de pedir disculpas es, en principio, un paso hacia la transparencia, la negativa de Sánchez a asumir cualquier responsabilidad directa en el asunto genera serias interrogantes sobre su liderazgo y la rendición de cuentas en el gobierno.
Ya ni sorprende. La noticia de que la UCO ha entregado al Tribunal Supremo un audio que implicaría a Santos Cerdán, número tres del PSOE y figura clave del “sanchismo”, en el cobro de comisiones ilegales, es otro ladrillo más en el muro de la desvergüenza. Lo grave no es solo el contenido de la grabación, sino la sensación de impunidad con la que actúan algunos responsables públicos del partido que hoy gobierna España. Esto no va de siglas, va de ética. Y aquí cada día se cruzan más líneas rojas sin que nadie asuma consecuencias.
Lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no es solo grave, es directamente una vergüenza institucional. El Tribunal Supremo propone juzgarlo por un delito de revelación de secretos en el caso que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y lo hace señalando que la filtración del famoso correo electrónico no fue fruto de un error, ni de un exceso de celo, sino de una maniobra política dirigida desde el propio Gobierno. Si esto se confirma, estaríamos ante uno de los escándalos más obscenos de utilización del aparato del Estado con fines partidistas.
Parece que la historia se repite. De nuevo, el Gobierno en el punto de mira por sus declaraciones sobre la judicatura. La frase "Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender" lanzada hacia el instructor del Tribunal Supremo, no es solo una opinión, es una bomba dialéctica que resuena en los cimientos de nuestra democracia. Y es que no es la primera vez, ni la segunda, que desde el Ejecutivo se lanzan dardos envenenados hacia la labor de los tribunales. Ya cansa, ¿verdad?
España arrastra un problema que muchos prefieren ignorar, como si mirar a otro lado fuera a resolverlo: la falta de margen fiscal. La economía necesita oxígeno para invertir en lo que realmente importa —impulsar la productividad, reducir la pobreza infantil y cerrar la brecha en innovación—, pero lo cierto es que nuestras cuentas públicas apenas dan para respirar. Seguimos funcionando con un déficit estructural crónico y una deuda elevada que condicionan cualquier ambición de futuro.
