Trato desigual

Lo de las transferencias a Euskadi empieza a sonar a chiste de mal gusto. En lo que va de año ya van siete, y si echamos cuentas, la mitad de los traspasos hechos desde que Sánchez llegó a Moncloa han acabado en el mismo sitio. El País Vasco, como si fuera el alumno consentido de la clase, recibe y recibe mientras el resto de comunidades siguen reclamando sin demasiado éxito lo que también les corresponde.

El problema no es que Euskadi logre más competencias; al fin y al cabo, cada autonomía tiene derecho a reclamar mejoras en su autogobierno. Lo verdaderamente grave es la desigualdad con la que se reparten esas cesiones. Se negocia según la fuerza política que uno tenga en Madrid, no según la justicia o la necesidad de cada territorio. Y eso, se mire como se mire, es un agravio comparativo difícil de justificar.

El Gobierno central parece plegarse una y otra vez a las exigencias de nacionalistas e independentistas, convertidos en árbitros de la legislatura. No es que negocien, es que imponen. Y en ese juego, las comunidades que no tienen un grupo parlamentario decisivo se quedan fuera del reparto, como si no fueran parte del mismo país.

Todo esto transmite la imagen de un Ejecutivo débil, más preocupado por su supervivencia política que por la cohesión territorial. La cesión constante no es diálogo, es claudicación. Y, al final, quienes pagan el precio de estas “ocurrencias” no son los partidos en Madrid, sino los ciudadanos de todas esas regiones que ven cómo se les ningunea frente a quienes tienen más capacidad de presión.

España no puede seguir siendo un tablero donde unos pocos marcan las reglas a cambio de favores. El trato desigual mina la confianza en las instituciones y alimenta la sensación de que unos son siempre de primera y otros de segunda. Y eso, más que cohesionar, fractura.