Queda cada vez más claro que este Gobierno no tiene ningún interés en la transparencia. Cuando una asesora de Moncloa se alinea con la Fiscalía para frenar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el análisis de los correos de Begoña Gómez, lo que se desprende es un mensaje inequívoco: hay algo que no quieren que salga a la luz. Y en democracia, cuando un gobierno teme la verdad, lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Queda cada vez más claro que este Gobierno no tiene ningún interés en la transparencia. Cuando una asesora de Moncloa se alinea con la Fiscalía para frenar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el análisis de los correos de Begoña Gómez, lo que se desprende es un mensaje inequívoco: hay algo que no quieren que salga a la luz. Y en democracia, cuando un gobierno teme la verdad, lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
¿De qué tienen miedo? Esa es la gran pregunta. Porque si no hay nada que ocultar, lo lógico sería dejar trabajar a la UCO, la misma que ha destapado tramas de corrupción de todo signo político a lo largo de su historia. Pretender limitar su labor es, como mínimo, sospechoso. El Gobierno debería ser el primero en exigir que se aclare cualquier duda sobre la esposa del presidente, y no maniobrar para ponerle un muro a la investigación.
Lo preocupante es que este episodio no es aislado. Es la suma de gestos, presiones y silencios que van erosionando la credibilidad de quienes dicen gobernar con la bandera de la regeneración. En lugar de dar ejemplo de integridad, se dedican a generar más sombras. Y esas sombras, como sabemos, no hacen sino alimentar la sospecha de que lo que conocemos es solo la punta del iceberg.
Un Ejecutivo que bloquea la acción de la justicia no solo debilita la separación de poderes, sino que arrastra consigo a la democracia en su conjunto. No hablamos de un capricho partidista, hablamos de la obligación básica de rendir cuentas. La imagen que se transmite es la de un Gobierno atrincherado, dispuesto a proteger lo suyo por encima de la verdad y del interés general.
La conclusión es clara: cuando un gobierno teme ser investigado, pierde el derecho a pedir confianza. Y si hoy se frena a la UCO, mañana se frenará a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad. Lo que está en juego no es solo el nombre de Begoña Gómez, sino la salud democrática de un país que no merece vivir en la sospecha permanente.