Algo se resquebraja en el seno del Gobierno de coalición, y no es solo una cuestión de estrategia política, sino de confianza rota. Izquierda Unida lanza una llamada seria a los partidos de Sumar para que se replanteen su papel en un Ejecutivo que, a su juicio, ya no cumple con los principios fundacionales de la alianza progresista. No se descarta una ruptura, y eso es tanto como decir que se abre la puerta a una crisis política en toda regla.
Lo de Alvise ya roza el esperpento. El tipo que iba de justiciero, que se hartó de señalar con el dedo y venderse como el azote del sistema, ahora está hasta las cejas en un caso de supuesta corrupción. ¿Ironía? No. Hipocresía en estado puro. Porque no hay nada más repulsivo que quien predica moral desde un pedestal podrido.
El próximo jueves se cumple un año desde que Pedro Sánchez sorprendió al país con una carta en la que anunciaba que se tomaba cinco días para decidir si merecía la pena seguir al frente del Gobierno. Un gesto sin precedentes que muchos vieron como un movimiento calculado para reforzar su figura, y otros interpretaron como una muestra de agotamiento personal. Sea como fuere, lo cierto es que aquel episodio terminó por consolidar su hiperliderazgo.
Que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) haya ordenado la creación de un grupo de trabajo específico para analizar los riesgos que representa Marruecos para España no es, ni mucho menos, un gesto menor. Es, más bien, una señal clara de que las advertencias que durante años se han lanzado desde Ceuta ya no pueden seguir ignorándose en los despachos de Madrid. El riesgo no es hipotético, ni abstracto. El riesgo es real, es constante y, para Ceuta, tiene rostro, frontera y consecuencias directas.
El Ministerio del Interior ha decidido responder a la preocupante oleada de agresiones a funcionarios de prisiones con la compra de 100 escudos y 97 cascos. Una medida que, más que una solución, parece una broma de mal gusto. Como si la violencia sistemática dentro de las cárceles se pudiera contener con atrezzo de antidisturbios en lugar de con leyes firmes y respaldo institucional real. Es una forma de hacer ruido sin resolver nada, de maquillar el problema para no salir en las portadas, aunque el precio lo paguen, una vez más, los de siempre: los trabajadores.
