El anuncio del Gobierno de encargar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un registro de medios para monitorizar su propiedad y la publicidad institucional que reciben ha generado una inevitable controversia. La propuesta de reformar la Ley de Publicidad Institucional, según explican desde el Ejecutivo, busca evitar que con dinero público se financien pseudomedios sin rigor periodístico.
