El anuncio del Gobierno de encargar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un registro de medios para monitorizar su propiedad y la publicidad institucional que reciben ha generado una inevitable controversia. La propuesta de reformar la Ley de Publicidad Institucional, según explican desde el Ejecutivo, busca evitar que con dinero público se financien pseudomedios sin rigor periodístico.
El anuncio del Gobierno de encargar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un registro de medios para monitorizar su propiedad y la publicidad institucional que reciben ha generado una inevitable controversia. La propuesta de reformar la Ley de Publicidad Institucional, según explican desde el Ejecutivo, busca evitar que con dinero público se financien pseudomedios sin rigor periodístico.
Sobre el papel, la medida suena razonable, incluso necesaria. Sin embargo, cabe preguntarse si el verdadero objetivo es proteger la calidad informativa o si existe una intención oculta de ejercer un mayor control sobre los medios.
Es cierto que en los últimos años hemos sido testigos de la proliferación de medios que no siempre responden a los estándares periodísticos, algunos claramente creados con intereses políticos o comerciales específicos. En ese sentido, parece lógico que el Estado no quiera destinar fondos públicos a apoyar proyectos de dudosa credibilidad. No obstante, la cuestión que queda en el aire es quién y cómo se definirá qué es un "pseudomedio" y qué no lo es. ¿Acaso puede una comisión gubernamental tener la objetividad necesaria para decidirlo sin caer en favoritismos o censuras encubiertas?
La CNMC, aunque independiente en teoría, es un organismo que responde a pautas marcadas por el poder político. De modo que esta reforma podría convertirse en una herramienta peligrosa si se utiliza para castigar a aquellos medios críticos con el Gobierno o para favorecer a otros más afines. El control de la información, en cualquier forma, siempre ha sido una tentación para los gobiernos. Y aunque las justificaciones pueden variar, el riesgo es siempre el mismo: silenciar voces incómodas y premiar las complacientes.
Los medios de comunicación son un pilar de la democracia, y cualquier medida que afecte su independencia debe analizarse con lupa. La transparencia en la publicidad institucional es un reclamo justo, pero convertir esa vigilancia en una forma de control sobre los medios podría generar más problemas que soluciones. En una sociedad plural, lo fundamental es fomentar la diversidad informativa, no acotarla