Vuelven las protestas del sector primario, y no por capricho. En Córdoba, agricultores hartos salen a la calle; en el mar, la flota pesquera amarra para hacerse oír. El mensaje es sencillo: las normas de la UE, sumadas a acuerdos como Mercosur, aprietan tanto que ya no dejan respirar. Mientras aquí se exige cada vez más, fuera se compite con reglas más laxas. Y así, el campo y el mar sienten que juegan un partido con el árbitro en contra.
El MDyC ha anunciado que llevará al próximo Pleno el elevado precio de la ITV en Ceuta, y no es para menos. Los ceutíes somos, una vez más, los que más pagamos de todo el territorio nacional por un servicio obligatorio. No hablamos de un lujo ni de un capricho, sino de un trámite imprescindible para poder circular legalmente.
La nueva propuesta de financiación autonómica impulsada por María Jesús Montero ha vuelto a poner a España en modo discusión permanente. No tanto por el fondo —que siempre es complejo— sino por la sensación de que se reparte más según el peso político que según las necesidades reales. Y cuando eso pasa, el debate deja de ser técnico y se convierte en emocional.
No es ninguna sorpresa lo que está pasando. Algunos lo dijimos hace tiempo y hoy los hechos empiezan a darnos la razón. El Gobierno de Pedro Sánchez no está reformando un sistema de financiación, está comprando apoyos políticos a base de privilegios, desigualdad y concesiones que rompen la idea de España como nación común. Cuando Ayuso habla de soborno, corrupción o robo, no exagera: describe un método de poder basado en pagar favores con el dinero de todos.
El Ministerio de Igualdad pide a las comunidades que refuercen la atención a las vulnerabilidades de las víctimas de violencia machista. La intención es loable y necesaria: proteger mejor a quien sufre una violencia real y persistente. Hasta ahí, poco que objetar. El problema aparece cuando esa urgencia parece convivir con un silencio incómodo hacia otras víctimas que también reclaman cuidado y memoria.
