El Congreso se prepara para rechazar la pretensión de José Luis Ábalos de cobrar una indemnización por dejar su escaño, y menos mal. Porque hay peticiones que, más que tramitarse, deberían provocar sonrojo. Pretender cobrar dinero público tras una salida marcada por la investigación judicial no es solo una torpeza política: es una falta de respeto a los ciudadanos que pagan la fiesta.
Las elecciones en Aragón no han sido una rareza aislada, sino otro síntoma de algo que se está viendo en toda España. El PSOE se ha dado un batacazo difícil de maquillar, el PP pierde dos escaños y Vox sale claramente reforzado, duplicando su presencia. El mensaje de las urnas es claro: una parte importante del electorado está cansada y busca alternativas, aunque no siempre sean moderadas.
¿Dónde quedaron aquellos sindicatos de Servilimpce que hablaban sin parar del famoso “pasillo maldito”? Porque, curiosamente, ahora que están ahí dentro, el eco es ensordecedor… pero por lo vacío. Antes había comunicados, rumores, filtraciones y hasta gestos dramáticos; hoy, nada de nada.
En Aragón, la pregunta flota en el ambiente desde hace meses: ¿ganará el PP y Vox acabará gobernando, o veremos un escenario parecido al de Extremadura, con pactos tensos y acuerdos a medio gas? La aritmética electoral apunta a una victoria popular, pero la política no va solo de sumar escaños, sino de encajar voluntades, y ahí es donde empiezan los problemas.
Que algunas voces en Europa planteen la posibilidad de sacar a ETA de la lista de terroristas de la Unión Europea debería hacernos saltar todas las alarmas. No hablamos de un grupo cualquiera ni de un pasado remoto que conviene “olvidar”: hablamos de una organización que sembró miedo, dolor y muerte en miles de familias durante décadas. Pretender blanquear su historial sería, sencillamente, un insulto a la memoria de sus víctimas.
