El Congreso se prepara para rechazar la pretensión de José Luis Ábalos de cobrar una indemnización por dejar su escaño, y menos mal. Porque hay peticiones que, más que tramitarse, deberían provocar sonrojo. Pretender cobrar dinero público tras una salida marcada por la investigación judicial no es solo una torpeza política: es una falta de respeto a los ciudadanos que pagan la fiesta.
El Congreso se prepara para rechazar la pretensión de José Luis Ábalos de cobrar una indemnización por dejar su escaño, y menos mal. Porque hay peticiones que, más que tramitarse, deberían provocar sonrojo. Pretender cobrar dinero público tras una salida marcada por la investigación judicial no es solo una torpeza política: es una falta de respeto a los ciudadanos que pagan la fiesta.
Ábalos no es un diputado cualquiera que se va por motivos personales o por desgaste político. Es un exministro rodeado de sombras, un símbolo de cómo el poder se acostumbra a vivir sin pedir perdón ni dar explicaciones. Que alguien en esa situación considere que merece una compensación económica demuestra hasta qué punto algunos han perdido el contacto con la realidad.
Pero el problema no acaba en Ábalos. La responsabilidad política alcanza de lleno a Pedro Sánchez y a un Gobierno que ha hecho del silencio selectivo y del “ya si eso” una forma de gobernar. El PSOE, tan rápido para exigir dimisiones ajenas, vuelve a llegar tarde cuando el escándalo salpica a los suyos.
Que el Congreso frene esta indemnización es lo mínimo exigible. No es venganza, es decencia. Porque si la política quiere recuperar algo de credibilidad, lo primero que debe hacer es dejar claro que marcharse bajo sospecha no da derecho a pasar por caja. Y eso, hoy por hoy, conviene recordarlo bien alto.