Cuando uno escucha que una obra pública se ha inflado en más de cinco millones de euros por “calcular mal” el precio del acero, cuesta no arquear la ceja. La reciente advertencia de la Intervención General de la Administración del Estado sobre la remodelación del Puente del Centenario en Sevilla suena menos a error técnico y más a ese viejo problema de siempre: el dinero público que parece no tener dueño cuando alguien decide estirar demasiado las cuentas.
