El BOE ha publicado las nuevas medidas anticrisis impulsadas por el Gobierno a raíz de la guerra en Irán, y entran en vigor este mismo domingo. Sobre el papel, la intención es clara: amortiguar el golpe económico que se deriva de un conflicto internacional que vuelve a tensar los precios de la energía y el transporte. Sin embargo, una cosa es la urgencia política y otra muy distinta la eficacia real de las decisiones.
La decisión del juez Peinado de insistir en que el llamado ‘caso Begoña Gómez’ sea juzgado por un jurado popular vuelve a poner el foco en un asunto que mezcla política, justicia y opinión pública. Y no es poca cosa. Que la ciudadanía tenga un papel directo en un proceso de este calibre siempre despierta interés… y también dudas.
Otra vez lo mismo. El Gobierno vuelve a dejar en el aire la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, escudándose en la “gravedad de la situación internacional”. Suena serio, incluso responsable, pero a estas alturas ya cuesta comprar ese argumento. La realidad es bastante más simple: esto no va de prudencia, va de incapacidad.
El presidente Pedro Sánchez volvió a poner el acento en la “responsabilidad” de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante las medidas urgentes derivadas de la guerra en Irán. En tiempos de incertidumbre internacional, no es momento de juegos políticos ni de diferencias que puedan retrasar decisiones que afectan a la economía y a la seguridad de millones de ciudadanos.
La política española asiste al agotamiento de un ciclo definido por la supremacía del dogma sobre la gestión. Las figuras de Yolanda Díaz, Irene Montero e Ione Belarra representan hoy el fracaso de un modelo que sustituyó el pragmatismo institucional por un activismo de salón, tan ruidoso como estéril. Su paso por el poder no será recordado por avances tangibles, sino por una preocupante desconexión con la realidad social y jurídica del país.
