La Constitución de 1978 se concibió como el gran acuerdo de todos los españoles para avanzar juntos tras décadas de dictadura. Sin embargo, en los últimos años parece que, más que un pacto de convivencia, se ha convertido en un manual al que algunos recurren solo cuando les conviene. ¿Es un problema de la Carta Magna o de quiénes deberían defenderla?
En este país, parece que cuando la responsabilidad se convierte en una carga incómoda, lo más fácil es abrir el ventilador y repartir culpas a discreción. La última jugada de la Fiscalía de Madrid, al pretender diluir las posibles responsabilidades de Álvaro García Ortiz en un batallón de 500 personas, es un ejemplo de manual. No estamos hablando de una investigación seria o de un análisis riguroso; estamos presenciando una maniobra para evitar que el foco se quede donde debería.
Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y ahora portavoz circunstancial del Gobierno, no deja pasar la oportunidad de exhibir esa actitud altanera que tanto le caracteriza. En esta ocasión, ha salido un defensor a Pedro Sánchez de las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por el desafortunado comentario de que es el "puto amo". Pero lo que debería haber sido un debate interno o una reflexión política se ha convertido en otro espectáculo de prepotencia de Puente, quien no desaprovecha ninguna ocasión para demostrar que el fondo no es su punto fuerte.
El compromiso social de las empresas en España ha dado un paso importante hacia la inclusión al considerar a las personas con discapacidad en sus iniciativas de voluntariado corporativo. Según datos recientes, el 83% de las empresas en nuestro país incorporan a este colectivo en sus programas de responsabilidad social. Esta tendencia no solo refleja un cambio en la visión empresarial, sino que también demuestra que la inclusión se está convirtiendo en un valor fundamental dentro del tejido empresarial.
Resulta casi insultante escuchar al fiscal general del Estado declarar con total desparpajo que "no está preocupado" por la causa abierta contra él por revelación de secretos. En un país donde la justicia debería ser el pilar de nuestra democracia, su actitud roza la soberbia y alimenta la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. ¿Cómo pretender que se respete el trabajo del Ministerio Fiscal si quien lo lidera se muestra tan indiferente ante una acusación tan grave?
