La reciente adjudicación del contrato para dotar a la Policía Local de un vehículo destinado a la Unidad de Violencia de Género ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: ¿está nuestra policía local priorizando lo que le corresponde o desviando sus funciones hacia terrenos que no son de su competencia? No se trata de restar importancia a la violencia de género —una lacra que debe combatirse desde todos los frentes—, sino de preguntarse si tiene sentido que una policía municipal asuma tareas para las que, según la legislación vigente, no tiene competencias plenas.
