El Gobierno ha decidido que compensará a las comunidades autónomas que acojan a más menores de los que les corresponden según su población. Es decir, que estos niños, muchos de ellos en situación de extrema vulnerabilidad, ahora tienen precio. La medida, lejos de ser una solución real al problema de la presión migratoria en ciudades como Ceuta y Melilla, demuestra una vez más la incapacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para gestionar esta cuestión con humanidad y responsabilidad.
