La política española lleva tiempo caminando por una peligrosa frontera entre la justicia y el espectáculo. El llamado “Caso Aldama” vuelve a situar esa línea en el centro del debate, especialmente cuando las filtraciones, las amenazas veladas y los posibles pactos judiciales empiezan a ocupar más espacio que los hechos probados.
La economía española vuelve a demostrar que, por mucho que presumamos de recuperación, seguimos viviendo pendientes de lo que ocurra a miles de kilómetros. Basta con que suba la tensión en Irán para que tiemble el precio de la energía, se recalculen las previsiones de crecimiento y vuelva a encarecerse la vida cotidiana. La geopolítica ya no se estudia solo en las facultades; se siente en el supermercado y en la gasolinera.
Un fallo técnico en la web de Correos bastó para sembrar dudas en plena campaña andaluza. Durante horas, miles de ciudadanos no pudieron solicitar el voto por correo y la Junta Electoral Central tuvo que ampliar el plazo hasta este 8 de mayo. En cualquier otro momento habría sido una incidencia informática más. En campaña electoral, se convierte automáticamente en gasolina para la desconfianza.
La política catalana lleva tiempo cambiando de tono, pero esta semana el giro ha quedado más claro que nunca. La propuesta de Junts de exigir diez años de empadronamiento para acceder prioritariamente a la vivienda protegida supone un paso más hacia un discurso que hasta hace poco parecía reservado exclusivamente a la ultraderecha identitaria.
La llegada del crucero MV Hondius a Tenerife con un brote de hantavirus ha terminado convirtiéndose en mucho más que una alerta sanitaria. En apenas unas horas, el foco pasó de la prevención médica al rifirrafe político entre administraciones. Otra vez. El Ministerio de Sanidad decidió trasladar a pasajeros al hospital Gómez Ulla de Madrid mientras Canarias y la Comunidad de Madrid denunciaban falta de coordinación. Y lo preocupante no es solo el virus, sino la sensación de improvisación.
