Las manifestaciones masivas contra Pedro Sánchez son un recordatorio claro de que, cuando el pueblo habla, el gobierno debe escuchar. Decenas de miles de personas han salido a las calles para exigir "elecciones ya", un grito que resuena con fuerza en todo el país. No es la primera vez que la ciudadanía se levanta en señal de descontento, y cuando esto ocurre de manera reiterada, la lógica democrática debería primar: el liderazgo debe reconsiderarse.
Es inaceptable que un lugar de prestigio y simbolismo como San Mamés se preste a ovacionar a un individuo que ha enarbolado el símbolo de ETA en el Everest. Estamos hablando de un homenaje a un sinvergüenza que decidió manchar la cima del mundo con la ikurriña ligada a un grupo terrorista que causó dolor, muerte y sufrimiento en España. Ovacionar a una persona que llevó el símbolo de unos asesinos sin escrúpulos no es solo un insulto a las víctimas, sino una afrenta a todos los que valoran la democracia y la paz.
El caso de Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, que se aferra al cargo a pesar de su imputación, es un reflejo más de la profunda crisis ética en la que parece estar sumida la política española. Lamentablemente, esto no es nada nuevo, y supone casi una resignación que muchos ciudadanos compartimos, pero no debería ser así. Que una figura de esta relevancia dentro del sistema judicial se vea envuelta en investigaciones debería ser motivo suficiente para dar un paso al lado, pero en lugar de eso, parece que seguimos normalizando lo anormal.
Es lamentable ver cómo, en un país que presume de su Estado de derecho, los juzgados están inundados de casos de corrupción que involucran a políticos. Cada día aparece un nuevo titular: “político imputado”, “político condenado”, como si se tratara de un espectáculo cotidiano al que ya nos hemos acostumbrado. Es vergonzoso que aquellos que deberían ser ejemplo de transparencia y ética parezcan estar más familiarizados con los tribunales que con el servicio público que juraron defender.
Por fin parece que en Europa alguien empieza a escuchar el sentido común. La reciente propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de abrir centros de retorno para inmigrantes fuera de la UE es una decisión que muchos venimos reclamando desde hace tiempo. Es evidente que estos centros, más allá de su utilidad para la gestión de los flujos migratorios, deben estar ubicados en países cercanos a las familias y las raíces de los migrantes, donde puedan mantener sus tradiciones y costumbres.
