Es difícil entender cómo el fiscal general, la máxima garantía de la legalidad y la justicia, puede actuar con una ligereza que raya en la desvergüenza. Según ha señalado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, este personaje habría cambiado de móvil tan solo una semana después de que el Tribunal Supremo decidiera encausarlo. ¿Es este el comportamiento que esperamos de quien debería ser un ejemplo de transparencia? La respuesta es rotundamente no.
Es difícil entender cómo el fiscal general, la máxima garantía de la legalidad y la justicia, puede actuar con una ligereza que raya en la desvergüenza. Según ha señalado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, este personaje habría cambiado de móvil tan solo una semana después de que el Tribunal Supremo decidiera encausarlo. ¿Es este el comportamiento que esperamos de quien debería ser un ejemplo de transparencia? La respuesta es rotundamente no.
Lo que nos encontramos aquí no es solo una acción sospechosa; es un insulto a la inteligencia de todos. Cambiar de móvil en un momento tan delicado no es casualidad ni mala suerte, es una maniobra deliberada para entorpecer cualquier investigación. ¿De verdad pretendemos que creamos que no hay nada que ocultar? Si todo fuera tan claro, ¿por qué deshacerse de un dispositivo que podría contener información clave para aclarar los hechos?
La justicia no puede funcionar si sus máximos representantes se empeñan en esquivar la verdad. Este intento descartado de ocultar pruebas no solo debilita la investigación, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones. ¿Qué mensaje envía esto a los ciudadanos? Que el que más poder tiene es también el que más lejos está de la ley.
El fiscal general ha intentado, con este movimiento, ponerse encima de la justicia que debería defender. Sin embargo, la realidad es que se ha enterrado en el fango de la sospecha. No se puede pedir respeto por la ley cuando uno mismo se dedica a jugar con ella. En vez de asumir su responsabilidad, parece que prefiere esconderse detrás de artimañas que no engañan a nadie.
El Estado de derecho no puede permitirse tener al frente de la Fiscalía General del Estado a alguien que actúa como si la ley fuera un juego. Si el fiscal general no es capaz de explicar con claridad y sin excusas esta decisión, su permanencia en el cargo debería ser seriamente cuestionada. La justicia merece mejor defensa que esta.