La promesa de un país que dice ofrecer servicios públicos de primera a sus ciudadanos, actualmente es una utopía. Sin embargo, la realidad a menudo dista mucho de esta aspiración en nuestro país, especialmente cuando los servicios básicos como la salud, la educación y la seguridad se están viendo comprometidos por falta de recursos; la burocracia excesiva y la corrupción política están destruyendo el estado bienestar.
La promesa de un país que dice ofrecer servicios públicos de primera a sus ciudadanos, actualmente es una utopía. Sin embargo, la realidad a menudo dista mucho de esta aspiración en nuestro país, especialmente cuando los servicios básicos como la salud, la educación y la seguridad se están viendo comprometidos por falta de recursos; la burocracia excesiva y la corrupción política están destruyendo el estado bienestar.
Este concepto de estado de bienestar, que surgió a mediados del siglo XX, implica que el estado asume la responsabilidad de garantizar ciertos niveles mínimos de bienestar a todos los ciudadanos por igual. Esto se logra a través de la provisión de servicios públicos esenciales que anteriormente se nombraron. La promesa de estos servicios se debe fundamentar en la idea de que todos los ciudadanos tienen derecho a una vida digna y que el país, tiene la obligación de jugar un papel activo en garantizarlo.
La pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué, entonces, a pesar de esta promesa, no logran ofrecer estos servicios públicos de primera calidad? Estas son algunas de las razones, según mi opinión.
Falta de recursos; una financiación adecuada es esencial para esta prestación de servicios públicos de primera calidad. Sin embargo, nuestro país se enfrenta a una serie de limitaciones presupuestarias debido a una variedad de factores, como son la evasión fiscal, la corrupción y la mala gestión económica por parte de quienes gobiernan.
Una burocracia excesiva que ralentiza la prestación de servicios y hacerla menos eficiente como está ocurriendo actualmente en Valencia, donde los requisitos innecesarios pueden disuadir a los ciudadanos a acceder a los servicios que necesitan.
Corrupción; es un problema endémico muy enraizado en nuestras administraciones públicas, logrando socavar la calidad de los servicios públicos, esa desviación de fondos, de los cuales los ciudadanos no tenemos constancia de ellos con consecuencias devastadoras para la población. La desigualdad económica presente en una sociedad devastada donde limita el acceso a servicios públicos de calidad para ciertos grupos marginados de la población, como minorías étnicas, personas con discapacidad y comunidades rurales.
La promesa vacía de contenido del estado sobre querer y no poder ofrecer servicios básicos de primera calidad es una utopía, ya que para su realización se requiere de un esfuerzo sostenido por parte de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto. La falta de voluntad política, la corrupción y la desigualdad son algunos de los obstáculos que deben superarse para poder construir un estado más justo y equitativo.
Concluiré exponiendo que la corrupción política es un flagelo que corroe los cimientos de cualquier sociedad, pero sus efectos se sienten de manera especialmente aguda en la calidad de los servicios públicos. Cuando los políticos priorizan sus intereses personales o partidarios por encima del bien común, las consecuencias se traducen en una disminución de la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros, fomentando el nepotismo y el clientelismo, lo que lleva a la contratación de personas no cualificadas para ocupar cargos públicos. Esta impunidad está generando un círculo vicioso al ver que otros se enriquecen ilícitamente sin sufrir consecuencias.
José Antonio Carbonell Buzzian
