Jordi Sevilla ha puesto el dedo en la llaga con una advertencia incómoda: subir las pensiones a base de deuda puede sonar bien hoy, pero compromete las de mañana. No es una crítica menor ni un capricho tecnocrático; es una llamada de atención sobre un sistema que, si se estira sin respaldo real, acaba rompiéndose por el extremo más débil.
La breve tregua tras el trágico accidente de tren en Adamuz, donde 42 personas perdieron la vida, apenas duró 48 horas. Durante ese corto tiempo, todos los partidos parecían hablar el mismo idioma: apoyo a las víctimas, coordinación y solidaridad. Un respiro en medio del dolor que, por un instante, nos hizo creer que la política podía ser útil y humana.
Cuando un fiscal pide la nulidad de su condena y lo justifica en nombre de la “credibilidad” de la Fiscalía, a uno se le queda cara de póker. Porque la credibilidad no se proclama a gritos ni se usa como escudo personal: se gana con hechos, mesura y respeto a las reglas que se exigen a los demás.
Ha tenido que ocurrir una catástrofe para que, por fin, veamos a todas las administraciones remando en la misma dirección. El trágico accidente de tren en la zona de Adamuz, con 42 personas fallecidas, ha sacudido conciencias y ha obligado a dejar a un lado siglas, reproches y cálculos políticos. Demasiado dolor para algo que debería ser normal.
Vuelven las protestas del sector primario, y no por capricho. En Córdoba, agricultores hartos salen a la calle; en el mar, la flota pesquera amarra para hacerse oír. El mensaje es sencillo: las normas de la UE, sumadas a acuerdos como Mercosur, aprietan tanto que ya no dejan respirar. Mientras aquí se exige cada vez más, fuera se compite con reglas más laxas. Y así, el campo y el mar sienten que juegan un partido con el árbitro en contra.
