España vive una paradoja cada vez más visible: se crea empleo y, aun así, una parte del país sigue atascada en el desempleo. En enero de 2026 el paro registrado cerró en 2.439.062 personas y, según la EPA, el número de parados ronda los 2,48 millones con una tasa del 9,93%. Y, sin embargo, cualquiera que hable con empresas de hostelería, cuidados, construcción o logística escuchará la misma queja: “no encontramos gente”.
Por fin el Congreso ha dado un paso que muchos ciudadanos llevaban años reclamando: endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia. No hablamos de errores puntuales ni de casos aislados, sino de delincuentes que entran y salen del juzgado como quien ficha en la oficina. Que PSOE, PP, PNV, Junts y Vox hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en algo así demuestra que, cuando hay voluntad política, las cosas pueden moverse.
Que Felipe González reproche la falta total de autocrítica del PSOE tras las derrotas electorales y
Hay momentos en los que la geografía pesa más que nunca. Canarias, por su ubicación, se ha convertido en la puerta de entrada de miles de migrantes que llegan a Europa jugándose la vida en el Atlántico. Y lo cierto es que el archipiélago no puede —ni debe— gestionar en solitario una situación que, en realidad, afecta a todo el continente. Por eso, la petición del Gobierno a la Comisión Europea para que facilite la distribución de migrantes a otros países miembros no es ningún capricho: es puro sentido común.
El Congreso se prepara para rechazar la pretensión de José Luis Ábalos de cobrar una indemnización por dejar su escaño, y menos mal. Porque hay peticiones que, más que tramitarse, deberían provocar sonrojo. Pretender cobrar dinero público tras una salida marcada por la investigación judicial no es solo una torpeza política: es una falta de respeto a los ciudadanos que pagan la fiesta.
