La reciente aprobación por parte de la Asamblea de Ceuta de la solicitud para que el Gobierno de la Nación declare a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo es un paso importante y, sobre todo, justo. No se trata de un capricho, sino de una reivindicación largamente esperada por unos cuerpos que, día a día, se enfrentan a situaciones que van más allá de lo que cualquier otra profesión suele afrontar. Hablar de riesgo para estos agentes no es retórica, sino una realidad palpable que, en lugares como Ceuta, cobra una relevancia especial.
