Ya ha pasado tiempo suficiente desde el apagón que dejó a España a oscuras y, sin embargo, seguimos sin respuestas claras ni convincentes. Cada día que pasa sin una explicación detallada y veraz solo hace crecer la sospecha de que alguien está más interesado en tapar vergüenzas que en arrojar luz sobre lo ocurrido. Lo que empezó siendo una avería puntual ha terminado por convertirse en un símbolo de oscurantismo institucional.
Desde hace ya algunos meses, los plenos de la Asamblea de Ceuta respiran un aire distinto. El cambio de portavoz en Vox, con Juan Sergio Redondo tomando las riendas de la portavocía que antes ocupaba Carlos Verdejo, ha supuesto una mejora evidente en las formas y el tono del debate político. Se nota, y se agradece, que las intervenciones ya no estén marcadas por los gritos, el insulto fácil o la provocación constante. Redondo ha traído serenidad y cierta dignidad al discurso, algo que no es poca cosa en estos tiempos.
En tiempos donde muchos sindicatos parecen más preocupados por los mariscos y los trajes que por los derechos de los trabajadores, el sindicato SITA vuelve a dar una lección de coherencia y compromiso. Pide algo tan justo como que se reconozca la limpieza viaria como una profesión de riesgo. No hay más que ver a los operarios trabajando de madrugada, en condiciones insalubres, expuestos a accidentes, a enfermedades y a la falta de reconocimiento social. ¿De verdad no es una profesión de riesgo?
Otra vez se habla del desempleo juvenil como si fuera una novedad. Como si no lleváramos años viendo a miles de jóvenes terminar sus estudios, con ganas de trabajar, con preparación, pero sin oportunidades. Lo más indignante es que las políticas públicas que se suponen diseñadas para combatir este problema parecen hechas más para cubrir el expediente que para dar soluciones reales. Programas que no llegan, cursos que no valen para nada, y convocatorias que parecen un laberinto burocrático más que una puerta al empleo.
Según la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, el periodo medio de pago de facturas por parte de la Ciudad ronda los 60 días. Sobre el papel suena razonable, incluso dentro de los márgenes legales. Pero si se rasca un poco, lo que aparece debajo no es tan equilibrado: los 60 días parecen cumplirse solo con unos pocos. Con los amigos, con los que caen bien, con los que ríen hasta lo que no tiene gracia. Para los demás, para los que no son del círculo o no se prestan al juego, el calendario se dilata sin pudor.
