La llegada de las fiestas navideñas no solo ilumina las calles y despierta el espíritu festivo, sino que también trae consigo un incremento en la actividad comercial y en el flujo de personas por las ciudades. Esto, como sabemos, puede convertirse en terreno fértil para carteristas, timadores y algún que otro pícaro que quiere aprovecharse de las aglomeraciones. En este contexto, la decisión de la Policía Nacional de intensificar su presencia con dos dispositivos especiales merece un reconocimiento.

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El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha presentado enmiendas por 2,6 millones de euros para los Presupuestos 2025. Y no, no se trata de correcciones o ajustes menores. No. Las enmiendas que presenta esta formación son cuestiones de calado que ya aprobaron en su día, en el pleno de la Asamblea, sin que ni un solo reparo saliera de sus bocas. En otras palabras, el MDyC, liderado por Fátima Hamed, no está pidiendo lo que “se les pasó por alto” en una primera lectura. Está pidiendo, a estas alturas, cambiar lo que ya han aprobado con pleno conocimiento de causa.

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El MDyC ha denunciado la “nefasta” gestión del Ejecutivo local por no haber puesto en marcha el Centro de Crisis para víctimas de violencia de género, un recurso esencial y urgente. En esto, nadie les quita razón: es inaceptable que a estas alturas del año sigamos sin un servicio que podría marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Pero lo curioso no es la crítica, sino el matiz: lo que antes era un “desgobierno” para Fátima Hamed y su formación, ahora solo es una gestión “nefasta”.

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La relación entre el Partido Popular y Vox se ha convertido en un verdadero campo de minas. Ni en Baleares, ni en Extremadura, ni en Ceuta —y mucho menos a nivel nacional— logran entenderse. Este choque constante refleja algo más profundo que una simple falta de acuerdos políticos: el PP lleva demasiado tiempo sin rumbo. Alberto Núñez Feijóo, quien llegó prometiendo orden y moderación, parece estar atrapado en un limbo ideológico que confunde a propios y extraños.

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La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que avala la colocación de la bandera del colectivo LGTBI en edificios públicos durante el Día del Orgullo, es un paso importante hacia la normalización y el respeto a la diversidad. Es una decisión que deja claro que este símbolo no tiene connotaciones partidistas ni busca generar enfrentamientos, sino representar valores universales como la igualdad, la inclusión y los derechos humanos. Y eso, francamente, nos parece perfecto.

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Ceuta, Jueves 06 de Agosto del 2026

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