La reunión entre la ministra de Sanidad y representantes de CSIF ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la situación de la sanidad en Ceuta y Melilla está lejos de ser la que merecen sus ciudadanos. A pesar de los compromisos reiterados, seguimos enfrentándonos a problemas estructurales que hacen que los hospitales y centros de salud de ambas ciudades no puedan ofrecer una atención digna y de calidad.
Es de justicia reconocer el trabajo de quienes, día tras día, arriesgan su seguridad para garantizar la nuestra. La concesión de la Medalla de la Ciudad a la Policía Nacional es más que un simple gesto institucional: es un acto de gratitud hacia un cuerpo que ha sido esencial en el mantenimiento del orden, la protección ciudadana y la gestión de desafíos únicos que tiene nuestra ciudad. Sin embargo, sorprende que aún haya quienes no se hayan sumado a esta iniciativa.
Parece que las calles de Ceuta no dejan de ser un reflejo del abandono social y de la falta de acción por parte de quienes tienen la responsabilidad de velar por el orden. El incivismo en la ciudad está a la orden del día, pero lo que es aún más frustrante es ver cómo la policía local, cuya función principal es garantizar el respeto de las normas, no se hace presente cuando más se la necesita. Ayer mismo denunciábamos con razón cómo los conductores siguen estacionando y parando sin ningún reparo en las paradas de autobuses, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto.
El reciente fallo que ha absuelto a Javier Guerrero de los delitos de calumnia e injurias es una muestra más de que la justicia, aunque a veces tarda, acaba siendo justa. En un proceso que generó gran expectación, Guerrero se enfrentaba a acusaciones que cuestionaban su honor y reputación. Sin embargo, hoy podemos afirmar con total rotundidad que la honorabilidad de Javier Guerrero se mantiene intacta, tal como siempre hemos defendido.
En Ceuta, el Colegio de Médicos y los jefes de la Policía Nacional se han sentado a analizar un problema grave: las agresiones a sanitarios. Este tipo de ataques no solo son un atentado contra la integridad física y emocional de quienes dedican su vida a cuidarnos, sino que también refleja una preocupante falta de respeto hacia los servicios esenciales. Es positivo que se haya dado este paso para buscar soluciones, pero sorprende, y no para bien, la ausencia de una figura clave: la delegada del Gobierno.
