El Ayuntamiento de Ceuta y los sindicatos han cerrado, al fin, el acuerdo para la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Han tenido que pasar más de 25 años de reuniones, desencuentros y reclamaciones para que algo tan esencial como organizar las funciones y condiciones laborales de los empleados públicos se haga realidad. Es, sin duda, un paso adelante, pero también un recordatorio de lo mucho que queda por hacer para modernizar la administración local.
La política en Ceuta parece haberse convertido en un deporte de echar balones fuera. Cuando no es el INGESA, es la financiación para los menores extranjeros no acompañados (MENA), y en ambos casos el resultado es el mismo: indiferencia, parálisis y ninguna solución real. Ahora, el consejero Gaitán dice que hay incertidumbre sobre los fondos para atender a estos menores, y lo peor de todo es que lo dice como si fuera un observador externo, no como parte de un Gobierno que debería estar exigiendo respuestas claras y rápidas. La pregunta es: ¿por qué no lo están haciendo?
La figura del interventor debería ser sinónimo de orden, control y garantías. Sin embargo, en Ceuta, parece haberse convertido en un auténtico quebradero de cabeza para empresarios, clubes, asociaciones y, ahora, también para los trabajadores de las sociedades municipales. Los sindicatos han denunciado que este funcionario, fiel a su fama de "paralizador oficial", está retrasando el abono de la paga extraordinaria que tanto esperan los empleados. Y esto, además de injusto, es intolerable.
La situación en las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla es un ejemplo más de cómo la política exterior de España, especialmente bajo gobiernos socialistas, ha sido un terreno fértil para la sumisión y la complacencia con Marruecos. Es preocupante observar cómo Pedro Sánchez y su equipo han optado por una estrategia de silencio y cesión, frente a lo que claramente es un bloqueo orquestado por Mohamed VI para imponer sus intereses y reforzar su control sobre nuestras ciudades autónomas.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una medida importante que está llegando a más de dos millones de personas en toda España, apoyando a quienes más lo necesitan. Sin embargo, también ha dado pie a una práctica cada vez más común que merece ser atendida: el abuso de aquellos que se aprovechan de la situación sin tener la intención de mejorar su situación laboral. El Estado tiene que reconocer que hay "caraduras" que se aprovechan del sistema, pidiendo sellar su situación de desempleo sin ninguna voluntad de encontrar trabajo.
