Por una vez, los senadores de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla han dejado de lado siglas y colores para unirse en una causa justa: exigir el pago de las bonificaciones aéreas que el Estado adeuda a las aerolíneas y que, de así seguir, podrían acabar afectando a los viajeros. No es un capricho, es una cuestión de derechos y de igualdad con el resto del país.
La Cámara de Comercio de Ceuta ha lanzado una alerta importante para los empresarios locales: la necesidad de cumplir con la Ley de Protección de Datos (LOPD) no es una sugerencia, es una obligación. En un mundo cada vez más digitalizado, donde la información personal de clientes y empleados circula a diario, ignorar esta normativa puede traer consecuencias graves para los negocios. La protección de datos es una responsabilidad que va más allá de las buenas intenciones y exige una acción concreta para garantizar la seguridad y privacidad de la información manejada.
El cierre del año 2024 ha traído consigo una noticia positiva para el sistema portuario español: se ha alcanzado una cifra de negocio de 1.288 millones de euros. Sin duda, se trata de un logro que merece ser celebrado y que refleja el dinamismo de muchos puertos del país. Sin embargo, no podemos pasar por alto que, mientras algunos puertos prosperan, el Puerto de Ceuta sigue estancado, con cifras que no mejoran y una sensación de abandono que se hace cada vez más palpable.
El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha participado en la Conferencia Sectorial de la Inmigración, donde la ministra Elma Saiz ha expuesto las líneas maestras del Pacto Europeo de Migración y Asilo, el nuevo Reglamento de Extranjería y el Plan de Integración y Convivencia Intercultural. Todo muy bonito sobre el papel, pero en la práctica, Ceuta sigue soportando la presión migratoria sin suficientes recursos y con una falta de coordinación evidente entre administraciones.
La reciente decisión de la Capitanía Marítima de Ceuta de permitir la salida del buque de carga Gunerler, tras un vertido de gasoil en aguas portuarias, deja más preguntas que respuestas. Con una fianza de 12.000 euros, el problema parece haber quedado zanjado como si se tratara de una simple multa de tráfico. Pero, ¿es suficiente esta cantidad para garantizar que las empresas navieras extremen precauciones y eviten riesgos medioambientales?
