El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha participado en la Conferencia Sectorial de la Inmigración, donde la ministra Elma Saiz ha expuesto las líneas maestras del Pacto Europeo de Migración y Asilo, el nuevo Reglamento de Extranjería y el Plan de Integración y Convivencia Intercultural. Todo muy bonito sobre el papel, pero en la práctica, Ceuta sigue soportando la presión migratoria sin suficientes recursos y con una falta de coordinación evidente entre administraciones.
El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha participado en la Conferencia Sectorial de la Inmigración, donde la ministra Elma Saiz ha expuesto las líneas maestras del Pacto Europeo de Migración y Asilo, el nuevo Reglamento de Extranjería y el Plan de Integración y Convivencia Intercultural. Todo muy bonito sobre el papel, pero en la práctica, Ceuta sigue soportando la presión migratoria sin suficientes recursos y con una falta de coordinación evidente entre administraciones.
El problema es el de siempre: las grandes decisiones se toman en Madrid y Bruselas sin tener en cuenta la realidad de las ciudades fronterizas. Se habla de derechos y libertades, pero no de cómo garantizar la seguridad, el control de los flujos migratorios o la atención adecuada a quienes llegan. Mientras tanto, la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo central miran hacia otro lado cuando toca asumir responsabilidades.
El nuevo Reglamento de Extranjería puede suponer mejoras, pero si no viene acompañado de medios y financiación adecuada, será papel mojado. En Ceuta, la saturación del sistema de acogida y la falta de recursos en la frontera son un problema real, y ninguna cumbre sectorial parece abordarlo con seriedad. No se trata solo de integración, sino de garantizar que la ciudad no siga siendo el embudo de una política migratoria mal diseñada.
Los políticos pueden seguir vendiendo grandes aviones y discursos cargados de buenas intenciones, pero lo que Ceuta necesita son respuestas concretas. Menos conferencias y más soluciones reales. Porque la convivencia no se impone con documentos oficiales, sino con una gestión eficaz que tenga en cuenta a quienes, día a día, lidian con las consecuencias de este fenómeno.
