Lo ocurrido en El Príncipe, donde agentes de la Policía Nacional fueron atacados por una multitud al intentar detener a un menor, es solo la punta del iceberg de una situación insostenible que lleva años cronificándose. No se trata de un incidente aislado, sino del reflejo de un barrio donde la ley apenas tiene presencia real y donde los servidores públicos —policías, sanitarios, bomberos, operarios de limpieza— se convierten en objetivos del descontrol y la violencia.
No hay justificación posible. Que una auxiliar de ayuda a domicilio —una trabajadora que entra en casas ajenas a cuidar, acompañar y dignificar la vida de personas dependientes— sufra una agresión en el ejercicio de su labor es, simplemente, inaceptable. Así lo ha denunciado UGT Servicios Públicos, y no podemos quedarnos callados ante semejante atropello. La violencia, venga de donde venga, nunca es la respuesta, y menos aún cuando se dirige contra quienes se dedican a prestar cuidados esenciales.
Ceuta amanece de nuevo con una tragedia flotando en sus aguas. Un joven migrante ha aparecido muerto cerca de la bocana del puerto. Es el undécimo cadáver hallado en la costa en lo que llevamos de 2025. Y aunque la cifra estremece, lo más inquietante es que empezamos a asumirlo como parte de una rutina, como si fuera normal que el mar devuelva cuerpos con esa frialdad que ya no nos inmuta tanto como debería.
En Ceuta circula desde hace tiempo un dicho popular que, entre risas y resignación, resume una sospecha latente: “Cuando se trata de políticos, la justicia se queda en el Estrecho”. Una frase que suena a chiste pero que encierra una desconfianza preocupante. Y claro, con cada nueva jornada jurídica organizada en la ciudad, muchos se preguntan si estas citas con toga y protocolo son simples escaparates para maquillar una realidad que poco cambia.
La llegada de Ángel Lara al frente de CCOO en Ceuta marca un cambio generacional que viene acompañado de un reto de enorme calado: lograr que el plus de residencia, ese complemento salarial vital en una ciudad con sobrecostes evidentes, se extienda al sector privado. La propuesta no es nueva, pero sí lo es el ímpetu con el que parece que se quiere abordar. Y es que durante años se ha asumido como una desigualdad estructural el hecho de que solo los empleados públicos cuenten con ese respaldo, mientras que miles de trabajadores del sector privado sobreviven con sueldos que, a menudo, no alcanzan para cubrir el alto coste de la vida en la ciudad.
