La reciente disposición del ministro Torres para forzar la acogida de menores migrantes entre las comunidades autónomas es un claro reflejo de una política desconectada de la realidad ciudadana. Mientras él y su equipo insisten en repartir a estos jóvenes por las diferentes regiones, las propias comunidades rechazan la imposición, y es que no se puede obviar el malestar creciente de los ciudadanos en este tema. Nadie niega la vulnerabilidad de los menores, pero la solución no puede pasar por obligar a las regiones a hacerse cargo de un problema que el Estado no ha sabido gestionar adecuadamente desde su origen.
