La reciente disposición del ministro Torres para forzar la acogida de menores migrantes entre las comunidades autónomas es un claro reflejo de una política desconectada de la realidad ciudadana. Mientras él y su equipo insisten en repartir a estos jóvenes por las diferentes regiones, las propias comunidades rechazan la imposición, y es que no se puede obviar el malestar creciente de los ciudadanos en este tema. Nadie niega la vulnerabilidad de los menores, pero la solución no puede pasar por obligar a las regiones a hacerse cargo de un problema que el Estado no ha sabido gestionar adecuadamente desde su origen.
La reciente disposición del ministro Torres para forzar la acogida de menores migrantes entre las comunidades autónomas es un claro reflejo de una política desconectada de la realidad ciudadana. Mientras él y su equipo insisten en repartir a estos jóvenes por las diferentes regiones, las propias comunidades rechazan la imposición, y es que no se puede obviar el malestar creciente de los ciudadanos en este tema. Nadie niega la vulnerabilidad de los menores, pero la solución no puede pasar por obligar a las regiones a hacerse cargo de un problema que el Estado no ha sabido gestionar adecuadamente desde su origen.
El sentido común indica que lo primero sería firmar convenios con los países de procedencia para devolver a los menores a sus familias o, en su defecto, buscar soluciones en colaboración con sus países de origen. ¿Es tan difícil de entender que la acogida forzosa no es la solución? No se trata solo de repartir niños por ahí, sino de abordar las causas profundas de su migración y garantizar su bienestar en su propio entorno.
Los ciudadanos, tanto en Ceuta como en el resto de España, ya están hartos de políticas que se hacen desde los despachos de Madrid sin escuchar a la gente. La mayoría no está dispuesta a aceptar la llegada de más menores sin una planificación clara, sin recursos suficientes y, sobre todo, sin soluciones a largo plazo. Pretender que las comunidades autónomas asuman esta responsabilidad sin consultarlas es una estrategia condenada al fracaso.
Al final, el verdadero problema es la falta de una política migratoria eficaz y coordinada con los países vecinos. No podemos seguir metiendo parches a una situación que, lejos de solucionarse, se agrava con cada intento mal planeado de "repartir" menores. En lugar de eso, lo que se necesita es una respuesta real, que comience por escuchar a los ciudadanos y no simplemente por imponerles soluciones que no desean.
