Servilimpce ha salido al paso de las recientes informaciones sobre las horas extras de julio y agosto, y lo ha hecho con claridad meridiana: lo que algunos medios y sindicatos han difundido carece de fundamento. Resulta llamativo que, en lugar de contrastar los datos con los propios trabajadores, se optara por amplificar rumores y medias verdades, generando un escenario de desinformación que, lejos de ayudar, solo siembra confusión y resentimiento.
Cuando se habla del cuidado de nuestros mayores, no cabe la demora ni la excusa. Una residencia no es solo un lugar donde se atienden necesidades básicas, es también un espacio en el que se debe garantizar la dignidad, el respeto y la tranquilidad de quienes han entregado su vida a la sociedad. La Residencia Virgen de África no puede ser excepción a esta regla, y si existen dudas sobre el bienestar de sus residentes, lo urgente es actuar, no mirar hacia otro lado.
Otra vez volvemos al eterno culebrón del Estrecho. Baleària y DFDS se reparten lo que queda de Armas Trasmediterránea con grandes palabras de “cohesión territorial” y “modernización de servicios”. Pero lo que viven los pasajeros es muy distinto: precios desorbitados para recorrer apenas 14 kilómetros de mar y un servicio que deja mucho que desear. El pasado sábado lo vimos claro, cuando decenas de aficionados del Sporting de Gijón se quedaron tirados en Algeciras tras la cancelación de hasta tres salidas. Todo un ejemplo de cómo se maltrata a los usuarios mientras las navieras se reparten el pastel.
El Gobierno de Ceuta vuelve a jugar a las sillas musicales en su estructura, y esta vez lo hace con la creación de una Dirección General de Control Financiero. Sobre el papel suena bien: reforzar el control interno, vigilar el gasto, garantizar que se cumple la normativa… pero lo que realmente llama la atención no es el órgano en sí, sino a quién se coloca al frente. El elegido no es otro que José María Caminero, quien acaba de cesar como interventor de la Ciudad tras décadas ocupando ese puesto de manera accidental.
El anuncio del Partido Popular de llevar al Congreso una propuesta para limitar los indultos en casos de terrorismo, corrupción y delitos contra menores no es un movimiento menor. Se trata de poner sobre la mesa un debate que, aunque incómodo para algunos, resulta fundamental: hasta qué punto el perdón del Estado puede ser compatible con delitos que atentan contra la confianza social, la dignidad de las víctimas y la esencia misma de la convivencia democrática.
