Otra vez volvemos al eterno culebrón del Estrecho. Baleària y DFDS se reparten lo que queda de Armas Trasmediterránea con grandes palabras de “cohesión territorial” y “modernización de servicios”. Pero lo que viven los pasajeros es muy distinto: precios desorbitados para recorrer apenas 14 kilómetros de mar y un servicio que deja mucho que desear. El pasado sábado lo vimos claro, cuando decenas de aficionados del Sporting de Gijón se quedaron tirados en Algeciras tras la cancelación de hasta tres salidas. Todo un ejemplo de cómo se maltrata a los usuarios mientras las navieras se reparten el pastel.
Otra vez volvemos al eterno culebrón del Estrecho. Baleària y DFDS se reparten lo que queda de Armas Trasmediterránea con grandes palabras de “cohesión territorial” y “modernización de servicios”. Pero lo que viven los pasajeros es muy distinto: precios desorbitados para recorrer apenas 14 kilómetros de mar y un servicio que deja mucho que desear. El pasado sábado lo vimos claro, cuando decenas de aficionados del Sporting de Gijón se quedaron tirados en Algeciras tras la cancelación de hasta tres salidas. Todo un ejemplo de cómo se maltrata a los usuarios mientras las navieras se reparten el pastel.
El discurso empresarial habla de integración de empleados, inversiones y estabilidad, pero la realidad es que en el Estrecho no hay competencia real. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Se trata del trayecto marítimo más caro por kilómetro en España, un auténtico abuso que se mantiene año tras año con la pasividad de quienes deberían poner coto a estas prácticas. Y aquí es donde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene que entrar en serio, porque no se puede seguir mirando hacia otro lado.
La historia se repite: se anuncia una gran operación empresarial, se vende como un salto hacia la “modernidad” y la “consolidación”, pero lo que vive el pasajero son retrasos, cancelaciones y tarifas de escándalo. Luego nos preguntamos por qué cuesta tanto vender Ceuta como destino turístico. La respuesta es sencilla: mientras el acceso a la ciudad dependa de un monopolio encubierto, caro e imprevisible, será difícil que el visitante repita la experiencia.
La Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno tampoco pueden seguir en silencio. Es su obligación alzar la voz ante lo que ya se ha convertido en un problema estructural para los ceutíes y para quienes nos visitan. No basta con inaugurar terminales o hacerse fotos en los barcos; hay que exigir garantías de servicio, precios razonables y un trato digno para los viajeros.
El Estrecho es la principal puerta de entrada a Ceuta y no puede seguir en manos de un oligopolio que juega con los usuarios como si fueran fichas de una partida empresarial. Ya está bien de discursos bonitos: lo que hace falta son soluciones y una intervención firme que ponga freno a tanto abuso.
