La reciente detención de un ceutí por un delito de amenazas y por quebrantar una orden de alejamiento vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda, pero muy presente: hay situaciones que no se pueden minimizar ni mirar hacia otro lado. Las órdenes judiciales están para cumplirse, y cuando se vulneran, el riesgo para las víctimas es real y serio.
Los datos no admiten maquillaje: en la primera quincena de 2026 las entradas por vía terrestre han aumentado un 273%, mientras las rutas marítimas han desaparecido como por arte de magia. Y Ceuta, una vez más, va por libre… o mejor dicho, la hacen ir por libre. Mientras en el resto de España la inmigración cae un 60%, aquí se dispara. No es una anomalía estadística, es una señal política.
Que el PP lleve a Europa la defensa de los profesionales de la seguridad no debería sorprender a nadie, pero sí debería hacernos pensar. No porque sea una iniciativa tardía —que lo es— ni porque se intente ahora —mejor ahora que nunca—, sino porque resulta incomprensible que todavía estemos discutiendo algo tan básico como el riesgo real de estas profesiones.
Cada año, cuando se acercan las fiestas, vuelve a activarse el Plan “Comercio Seguro” y, con él, operaciones como la conocida Operación Abeto. En Ceuta, la Jefatura Superior de Policía la puso en marcha del 22 de noviembre al 12 de enero, con un objetivo claro: prevenir delitos contra la propiedad y reforzar el contacto con la ciudadanía y los comerciantes. Hasta aquí, nada que objetar.
Lo que está ocurriendo con la nueva sede del 112 en Ceuta no es una anécdota menor, es una chapuza con todas las letras. El PSOE de Ceuta ha hecho bien en levantar la voz ante una decisión que no parece pensada ni para los trabajadores ni para la seguridad de la ciudadanía. Colocar un servicio de emergencias en un semisótano ya suena mal de entrada; hacerlo además entre un aparcamiento y un gimnasio es, sencillamente, incomprensible.
