El anuncio del Partido Popular de llevar al Congreso una propuesta para limitar los indultos en casos de terrorismo, corrupción y delitos contra menores no es un movimiento menor. Se trata de poner sobre la mesa un debate que, aunque incómodo para algunos, resulta fundamental: hasta qué punto el perdón del Estado puede ser compatible con delitos que atentan contra la confianza social, la dignidad de las víctimas y la esencia misma de la convivencia democrática.
