En Ceuta, una ciudad con poco más de 85.000 habitantes, resulta difícil entender cómo se priorizan los recursos públicos en materia de seguridad y control. En este caso, nos encontramos con que apenas cuatro agentes de la Policía Local están dedicados a un problema tan serio como el fraude en los empadronamientos, mientras que se destinan más efectivos a la escolta del alcalde. Una distribución de recursos que parece más propia de una gran metrópoli que de un "pueblo grande" como solemos considerar nuestra ciudad.
