La noticia de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Ceuta ha investigado a un matrimonio por presuntos delitos de usurpación de bienes públicos y contra la ordenación del territorio vuelve a poner sobre la mesa un debate incómodo, pero necesario. Nadie puede estar en desacuerdo con que se actúe contra lo ilegal. Si algo es público, es de todos; y si se construye al margen de la ley, hay que asumir consecuencias. Hasta ahí, poco que discutir.
