Cuando un partido decide apoyar una propuesta ajena —en este caso, la de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos— lo mínimo exigible es coherencia interna. No hablamos de si debe prohibirse o no (ese debate tiene aristas jurídicas, sociales y de convivencia que merecen otro texto). Hablamos de algo más simple y, a la vez, más revelador: la disciplina de partido y el respeto a la inteligencia del ciudadano.
En muchas ocasiones hemos escuchados a políticos de nuestra ciudad aludir en los plenos de la Asamblea a determinada situación de barriadas periféricas. Y se lamentaban del estado de abandono de varias calles ubicadas en esos barrios.
El sindicato Solidaridad trasladaba este sábado su “profunda preocupación” ante las recientes declaraciones del máximo responsable del Ingesa en las que se afirma que Ceuta es el área sanitaria “mejor dotada” en Salud Mental de toda España.
No es nada nuevo si aludimos a los problemas que se encuentran todas las sociedades municipales en nuestra ciudad con la contratación pública.
En una empresa pública, el poder no debería “emanar” del pasillo, del miedo o del “yo mando aquí”, sino del nombramiento válido y de las competencias legalmente atribuidas. Cuando alguien actúa como si ostentara un cargo que no tiene —firmando, ordenando, autorizando gastos, dando instrucciones o adoptando decisiones fuera de su marco— no estamos ante un simple desorden interno: estamos ante un riesgo institucional que contamina todo lo que toca.
