Ceuta empieza a parecerse demasiado a un manual de cómo no gestionar lo público: cuando la norma estorba, se rodea; cuando un nombramiento no encaja, se maquilla; cuando llega una sentencia, se busca otra puerta. Y en el centro de ese patrón está Juan Vivas Lara.
Ceuta empieza a parecerse demasiado a un manual de cómo no gestionar lo público: cuando la norma estorba, se rodea; cuando un nombramiento no encaja, se maquilla; cuando llega una sentencia, se busca otra puerta. Y en el centro de ese patrón está Juan Vivas Lara.
El caso más reciente es el de la gerencia de OBIMASA. Diversas informaciones sostienen que el nombramiento podría vulnerar la Ley 57/2003 por falta de la titulación exigible, colocando a un “amigo” por encima de los requisitos que sí se le exigen a cualquiera. No hablamos de un detalle: hablamos del mínimo legal para dirigir una sociedad pública.
Pero no es una excepción: es un método. Ahí está el episodio de la Secretaría General y la plaza de Oficial Mayor, denunciado por UGT Servicios Públicos, con un varapalo judicial que confirma la nulidad del acuerdo del Gobierno local. Cuando la Justicia tumba la jugada, la respuesta no parece ser rectificar con normalidad institucional, sino intentar otra “solución” en el Consejo de Gobierno de Ceuta.
Y mientras tanto se multiplican direcciones generales y cargos “a medida”. El ejemplo de José María Caminero, convertido en director general tras años como interventor, reavivó la polémica por crear estructuras costosas y de utilidad discutida, pero muy útiles para mantener equilibrios internos.
La consecuencia es devastadora: funcionarios apartados por no plegarse, procesos selectivos bajo sospecha y puestos técnicos ocupados por perfiles sin solvencia. Incluso en la Autoridad Portuaria de Ceuta se han dado procesos con un daño reputacional enorme.
Ceuta no necesita más trucos. Necesita legalidad, mérito y respeto a las sentencias. Y necesita que la ciudadanía tome nota: lo que se degrada hoy en los despachos, se paga mañana en las urnas.