La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes no es un problema lejano, ni una estadística ajena que solo ocurre en otros lugares. También existe en Ceuta. La Fundación Márgenes y Vínculos evaluó seis posibles casos durante 2025 y atendió terapéuticamente a cinco menores víctimas. Detrás de cada número hay una infancia herida, una familia rota y una obligación colectiva que no puede quedarse en un comunicado.
La responsabilidad política en el Gobierno de Juan Vivas parece haberse convertido en un concepto obsoleto. En cualquier democracia madura, la acumulación de escándalos de gravedad extrema habría provocado ceses fulminantes. Aquí, sin embargo, la indolencia de la máxima autoridad local ampara una gestión nefasta cuyas consecuencias financieras y sociales terminamos pagando, literalmente, todos los ceutíes.
Todo el dinero que invierte en campañas turísticas, en asistencia a ferias o eventos nacionales e internacionales y por mucha ruta selfie o autobús turístico que se ponga no vale absolutamente para nada si luego el turismo que quiere venir a Ceuta se topa con dos grandes obstáculos: los hoteles y el barco.
La gestión de las empresas municipales en nuestra ciudad ha dejado de ser ineficiente para convertirse en algo mucho más grave: un auténtico escándalo democrático. Lo que ocurre en las áreas y sociedades que tutela Alejandro Ramírez ya no admite matices ni excusas. Estamos ante un sistema colapsado por la sospecha, la arbitrariedad y el presunto clientelismo.
La Guardia Civil de Ceuta ha incorporado este viernes al Servicio Marítimo una nueva embarcación para el control de las costas de la ciudad, en la que en lo que va de año se han triplicado los accesos de migrantes a nado.
