La responsabilidad política en el Gobierno de Juan Vivas parece haberse convertido en un concepto obsoleto. En cualquier democracia madura, la acumulación de escándalos de gravedad extrema habría provocado ceses fulminantes. Aquí, sin embargo, la indolencia de la máxima autoridad local ampara una gestión nefasta cuyas consecuencias financieras y sociales terminamos pagando, literalmente, todos los ceutíes.
La responsabilidad política en el Gobierno de Juan Vivas parece haberse convertido en un concepto obsoleto. En cualquier democracia madura, la acumulación de escándalos de gravedad extrema habría provocado ceses fulminantes. Aquí, sin embargo, la indolencia de la máxima autoridad local ampara una gestión nefasta cuyas consecuencias financieras y sociales terminamos pagando, literalmente, todos los ceutíes.
El caso más trágico e indignante es el que señala directamente a Alberto Gaitán, responsable de la Policía Local. La Justicia ha declarado a la Ciudad responsable subsidiaria por el asesinato de una mujer a manos de su marido, un policía local que la mató de un disparo. Una tragedia que se pudo haber evitado: al agente se le había retirado el arma reglamentaria hasta en dos ocasiones por su inestabilidad y, de manera negligente, se le volvió a entregar.
El resultado de esta nefasta cadena de decisiones no solo es una vida segada, sino una indemnización de más de 800.000 euros que saldrá directamente del bolsillo de los contribuyentes. Frente a esto, Juan Vivas no ha exigido ni la más mínima asunción de culpas a Gaitán.
Pero la impunidad no termina ahí. Alejandro Ramírez continúa en su puesto a pesar de arrastrar un historial de escándalos que inhabilitaría a cualquiera para la gestión pública. Bajo su tutela se han registrado casos de trabajadores públicos sin dar de alta en la Seguridad Social, graves irregularidades en los procedimientos de oposición, episodios de mobbing (acoso laboral) injustificado hacia empleados de la casa y bloqueos en los contratos mayores a licitar. Un desprecio absoluto por los derechos laborales y la legalidad que Vivas prefiere ignorar.
Para rematar el escenario de descontrol, la gestión fiscal hace aguas por todas partes. A Kissy Chandiramani tampoco se le exigen responsabilidades por el astronómico desfase contable en el Ayuntamiento, a pesar de ser la consejera de Hacienda. Hablamos de una cifra que, de momento, se estima en 40 millones de euros.
La pregunta es inevitable: ¿Hasta cuándo va a seguir Juan Vivas cruzado de brazos mientras su Ejecutivo desangra las arcas públicas y degrada las instituciones? Gobernar no es solo hacerse fotos; es liderar, asumir responsabilidades y, sobre todo, hacerlas cumplir. Su silencio lo convierte en cómplice del caos.