Después de que el portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, saliera a la palestra denunciando la actuación, a la que calificó de “chapuza”, del Gobierno de Vivas en relación al ‘Museo Bertuchi’, dejó entrever que podría existir un presunto delito de prevaricación a la hora de adjudicar contratos a empresas cuyos propietarios mantienen una vinculación directa con miembros del ejecutivo del Partido Popular.
