El Gobierno no para y sigue ese camino ascendente en gestiones presuntamente ilegales. Ahora ya es la Fiscalía la que ha observado un posible delito de prevaricación en el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, quien ha preferido sobreseer un caso dejando a dos policías locales en sus puestos pese a que existe una sentencia condenatoria desde hace cinco años y esto hubiera acarreado su inhabilitación, algo que no nunca ocurrió pese a las insistentes peticiones de la familia de la víctima.
