El sindicato Solidaridad reclama al Gobierno de la Ciudad que refuerce de manera inmediata la seguridad de las instalaciones, espacios y patrimonio municipal, así como de los montes, mediante el uso de los recursos que permite la legislación en materia de seguridad privada.
El sindicato Solidaridad reclama al Gobierno de la Ciudad que refuerce de manera inmediata la seguridad de las instalaciones, espacios y patrimonio municipal, así como de los montes, mediante el uso de los recursos que permite la legislación en materia de seguridad privada.
La organización sindical acusa al Ejecutivo de “presentar como una imposibilidad jurídica lo que la legislación permite” y recuerda que el artículo 21.1.24 del Estatuto de Autonomía de Ceuta atribuye a la Ciudad la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
Solidaridad señala que la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, atribuye a los vigilantes de seguridad funciones de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos. Según el sindicato, la normativa también contempla determinados servicios en espacios exteriores y regula la figura del guarda rural para la protección de personas y bienes en fincas rústicas y de las instalaciones existentes en ellas.
“Cuando por las características del espacio sea necesaria autorización administrativa previa o coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo procedente es tramitarla, no utilizarla como argumento para descartar el servicio”, advierte Solidaridad.
El sindicato realiza esta reclamación después de que el Gobierno del PP rechazara en pleno una iniciativa de VOX que planteaba incrementar los efectivos de seguridad privada para la protección de espacios públicos. Solidaridad recuerda en este sentido que la propia Ciudad ya ha recurrido anteriormente a estos servicios.
“Tras la invasión de mayo de 2021 contrató servicios de seguridad y vigilancia con Eulen Seguridad por 241.622,70 euros para instalaciones habilitadas por la Administración”, señala el sindicato, que añade que también se han contratado servicios de vigilancia para dependencias municipales en otros expedientes.
Solidaridad reclama que se realice de inmediato un estudio técnico y jurídico de las instalaciones deportivas, centros municipales, parques y recintos delimitados, así como de las zonas forestales y fincas de titularidad municipal. El objetivo, según explica, es determinar el régimen jurídico aplicable en cada caso y establecer cuándo sea necesaria una autorización previa o la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El sindicato reclama además que se respete la cualificación profesional del personal encargado de estas funciones. “Un auxiliar de servicios no puede sustituir a un vigilante de seguridad, ni realizar funciones que la ley reserva al personal habilitado”, apunta.
Solidaridad defiende “una respuesta práctica” basada, según sus palabras, en “más prevención, más profesionales y protección efectiva de los trabajadores, de las instalaciones públicas y del patrimonio de todos los ceutíes”.
“Si existe una necesidad de seguridad, la Administración debe utilizar todos los instrumentos que la ley pone a su alcance”, asegura el sindicato.
Por último, Solidaridad pide a la Ciudad Autónoma que explique, instalación por instalación, qué medidas de seguridad adopta y qué régimen jurídico resulta aplicable en cada caso, tramitando las autorizaciones que sean necesarias y respetando tanto las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la normativa de contratación pública.
