Caballas ha expresado hoy en un comunicado su apoyo a los empresarios de los Polígonos del Tarajal.
Caballas ha expresado hoy en un comunicado su apoyo a los empresarios de los Polígonos del Tarajal.
En un comunicado, el partido ha razonado que la ordenación del funcionamiento de los Polígonos del Tarajal, sigue siendo una asignatura pendiente que la incompetencia de la Delegación del Gobierno impide solucionar. A pesar de las constantes reivindicaciones formuladas por los empresarios de aquella zona, el caos, y sobre todo la incertidumbre, siguen reinando en uno de los escasos espacios en los que se desarrolla la economía privada de la Ciudad.
Además de los deficientes servicios que se prestan a empresarios y clientes, muy alejados de los parámetros de una Ciudad europea; la clave del problema, y la que ocasiona mayores trastornos es el descontrol existente en la actualidad a la hora de regular el tránsito de personas. Resulta inconcebible que con la experiencia ya acumulada no exista un protocolo único, claro y público (conocido por clientes, empresarios, y personal de servicios) que permita conocer derechos y obligaciones, como debería ocurrir en un estado democrático.
Resulta, desde todo punto de vista inaceptable, que la ordenación de flujos de personas, que ejercen derechos libremente, obedezca a decisiones improvisadas, caprichosas o arbitrarias, adoptadas de "pie de calle" en función de los turnos de vigilancia operativos en cada momento.
Este hecho, contradictorio con las leyes españolas, nos convierte en una ciudad tercermundista, y provoca situaciones indeseables, entre las que no se excluyen episodios de violencia desproporcionada hacia personas cuyo único delito es comprar mercancía y dejar dinero en Ceuta.
Caballas apoya incondicionalmente esta reivindicación de los empresarios locales (la existencia del protocolo) y exige que se acabe de una vez por todas con la doble moral que impera en el tratamiento de los asuntos de los Polígonos del Tarajal.
La dignificación de cuanto allí sucede es una obligación que compete a las administraciones públicas, y que no pueden eludir bajo ningún concepto.
Lo contrario, mantener un "zona fuera de la ley" y de los principios democráticos, en el interior de la Ciudad es un disparate inaceptable, añade el partido.
