Vivir en Ceuta se ha convertido en un privilegio prohibitivo y las administraciones públicas son las principales cómplices de este asalto continuado a las familias. Que ante una de las mayores crisis de acceso a la vivienda que se recuerdan la respuesta sindical e institucional sea reclamar "pactos de Estado" vacíos es el colmo del cinismo. Pedir un pacto a Madrid no es una solución: es la coartada perfecta para no poner un solo ladrillo, no firmar una sola expropiación y permitir que la especulación siga devorando los salarios de la gente común.
Vivir en Ceuta se ha convertido en un privilegio prohibitivo y las administraciones públicas son las principales cómplices de este asalto continuado a las familias. Que ante una de las mayores crisis de acceso a la vivienda que se recuerdan la respuesta sindical e institucional sea reclamar "pactos de Estado" vacíos es el colmo del cinismo. Pedir un pacto a Madrid no es una solución: es la coartada perfecta para no poner un solo ladrillo, no firmar una sola expropiación y permitir que la especulación siga devorando los salarios de la gente común.
En un territorio asfixiado de 19 kilómetros cuadrados, donde el suelo está secuestrado por la desidia del Ministerio de Defensa y el clientelismo local, emanciparse o encontrar un alquiler digno es directamente una quimera. Los jóvenes son expulsados de su tierra y los trabajadores esenciales son condenados a pagar precios de gran capital por infraviviendas indignas. La Asamblea se llena la boca debatiendo mociones fantasma y subvenciones que son meros parches, mientras los grandes propietarios y los rentistas de siempre siguen hinchando la burbuja bajo el manto protector del silencio oficial.
La inacción de la Ciudad y del Estado roza la negligencia criminal. No faltan diagnósticos ni mesas de trabajo; falta la decencia de intervenir el mercado, liberar el suelo público ocioso y edificar parque social con urgencia de emergencia bélica. Todo lo que no sea eso equivale a condenar a la población al hacinamiento o al destierro. La vivienda no es un derecho en Ceuta, es una trampa mortal gestionada por una clase política acomodada que prefiere seguir mirando los balances y buscando el desfase de 40 millones de euros que tienen en contabilidad que molestar los intereses de quienes se lucran con la miseria ajena.
