El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Con la reforma legal, el Gobierno quiere garantizar la constitucionalidad del tributo, ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los Ayuntamientos.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Con la reforma legal, el Gobierno quiere garantizar la constitucionalidad del tributo, ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los Ayuntamientos.
Sin embargo, por mucho que se empeñe el Gobierno y por mucho que saque un decreto-ley, este impuesto es inconstitucional, y por consiguiente volverá a ser denunciado ya que es un total despropósito y un robo a mano armada a los contribuyentes.
Esta medida express que se ha querido sacar de la manga la ministra de Hacienda, la señora Montero, lo único que hace es imponer bases con tablas de pago en función del tiempo del inmueble, y pese a arreglar levemente el jeroglífico de este impuesto, no repara su inconstitucionalidad.
Es un verdadero atropello que alguien tenga que pagar una cantidad desorbitada cuando recibe en herencia una vivienda y la vende. ¿Cómo se cobra un impuesto por el incremento patrimonial cuando se trata de una herencia o de la venta de una vivienda? Cuando uno vende una vivienda es porque ha estado pagándola, ha invertido en ella, y ya de por sí es su patrimonio, que a buen seguro le ha costado sangre, sudor y lágrimas, por lo que no se incrementa absolutamente nada, y lo mismo pasa cuando recibe una herencia, ya que se trata de una donación, normalmente de un familiar, casi siempre de padres a hijos. Lo que pasa es que los gobiernos no saben que más van a hacer para seguir ahogando a la ciudadanía para pagar sus elevados sueldos y sobredimensionada administración.
Es una vergüenza y la ciudadanía debería echarse a la calle si este impuesto se mantiene por un minuto más, y llevar a los tribunales a los ayuntamientos que lo cobren por inconstitucional. El Tribunal Constitucional ha abierto la puerta y hay que seguir luchando por ello, no podemos quedarnos quietos mientras nuestros gobernantes nos saquean para asegurarse sus sueldos.
