Hay cosas que deberían ser de sentido común. Nadie pretende que un militar, un policía o un guardia civil pueda sacar un arma porque sí, ni mucho menos convertir nuestras calles en el salvaje oeste. Las armas están para situaciones excepcionales y su utilización debe estar sometida a la ley, como no puede ser de otra manera. Pero una cosa es exigir proporcionalidad y otra muy distinta mandar a quienes nos protegen a enfrentarse a situaciones peligrosas con la sensación de que, cuando llegue el momento crítico, tienen que pensárselo dos veces antes de defender su propia vida.
Hay cosas que deberían ser de sentido común. Nadie pretende que un militar, un policía o un guardia civil pueda sacar un arma porque sí, ni mucho menos convertir nuestras calles en el salvaje oeste. Las armas están para situaciones excepcionales y su utilización debe estar sometida a la ley, como no puede ser de otra manera. Pero una cosa es exigir proporcionalidad y otra muy distinta mandar a quienes nos protegen a enfrentarse a situaciones peligrosas con la sensación de que, cuando llegue el momento crítico, tienen que pensárselo dos veces antes de defender su propia vida.
AUME ha vuelto a poner el asunto encima de la mesa después de su Asamblea General. La asociación reclama para los militares desplegados en Ceuta más protección, medios adecuados y, sobre todo, seguridad jurídica. No parece ninguna barbaridad. De hecho, varias asociaciones militares ya habían acudido al Defensor del Pueblo reclamando protección frente a ataques físicos y garantías para desarrollar su trabajo.
Porque seamos claros: nadie normal va por la calle pegando tiros o dando navajazos. Eso lo hace un delincuente o un auténtico salvaje. Pero si alguien armado pone en peligro grave e inmediato la vida de un militar, un policía o un guardia civil, resulta difícil explicar a cualquier ciudadano que quien está allí para protegernos pueda terminar sintiéndose indefenso. Naturalmente, siempre dentro de la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad, pero defender la propia vida ante una amenaza real no debería convertirse en un laberinto de dudas.
Quienes están desplegados en Ceuta necesitan instrucciones claras. Saber qué pueden hacer, cuándo pueden hacerlo y hasta dónde pueden llegar si son atacados. Después habrá jueces, investigaciones y todas las garantías propias de un Estado de derecho para determinar si una actuación fue correcta. Pero la decisión ante una agresión grave puede tener que tomarse en segundos, no después de consultar un manual de cien páginas.
Hay una frase algo cruda que resume perfectamente el sentimiento de muchas familias: llegado el peor de los casos, uno prefiere tener que buscar un buen abogado antes que ver a los suyos llorando para toda la vida. Eso no significa defender abusos ni excesos. Significa algo bastante más sencillo: quienes tienen la obligación de protegernos también tienen derecho a regresar vivos a casa. Y el Estado tiene la obligación de proporcionarles los medios y la seguridad jurídica necesarios para conseguirlo.