El Gobierno presume ahora de que entre 150 y 200 migrantes regresan voluntariamente cada día a Marruecos. Ángel Víctor Torres asegura que los triajes están acelerando esas salidas porque muchos comprueban que no tienen posibilidades de permanecer en España. Muy bien. Pero mientras llegan esos retornos, Ceuta no puede resignarse a que sus playas y espacios públicos se conviertan en asentamientos permanentes.
El Gobierno presume ahora de que entre 150 y 200 migrantes regresan voluntariamente cada día a Marruecos. Ángel Víctor Torres asegura que los triajes están acelerando esas salidas porque muchos comprueban que no tienen posibilidades de permanecer en España. Muy bien. Pero mientras llegan esos retornos, Ceuta no puede resignarse a que sus playas y espacios públicos se conviertan en asentamientos permanentes.
La playa del Trampolín es el ejemplo más evidente. Allí se han levantado refugios improvisados y se ha desarrollado incluso actividad comercial, mientras el asentamiento se ha extendido también hacia Benítez. La normativa municipal prohíbe expresamente la acampada y la instalación de tiendas o estructuras similares en las playas. Entonces la pregunta resulta bastante sencilla: si existe una ordenanza, ¿por qué no se hace cumplir?
El Gobierno de Juan Vivas tiene competencias municipales y debe ejercerlas dentro de la ley. Policía Local y servicios municipales deben actuar ante ocupaciones irregulares, venta ambulante no autorizada, acumulación de residuos, fuegos o construcciones prohibidas exactamente igual que actuarían ante cualquier otra persona. No se trata de perseguir a nadie por ser migrante; se trata de impedir que la excepcionalidad termine convirtiéndose en normalidad y que una playa pública pase a funcionar de hecho como un poblado permanente.
Y aquí Vivas debería abandonar durante un rato los focos, las entrevistas y las declaraciones para dar instrucciones políticas claras dentro de sus competencias: inspeccionar, sancionar cuando corresponda, retirar estructuras ilegales conforme al procedimiento establecido y recuperar progresivamente los espacios públicos. Si faltan alternativas de alojamiento, corresponde exigir al Estado que las habilite; lo que no puede aceptarse como solución indefinida es dejar consolidarse asentamientos que la propia normativa municipal no permite.
Porque existe además una evidencia importante: el propio Gobierno central afirma que buena parte de quienes permanecen en el Trampolín y en los recursos terminarán siendo devueltos y asegura estar buscando fórmulas para acortar los plazos administrativos. Si ese es realmente el escenario, mantener durante semanas asentamientos cada vez más consolidados carece de sentido. Ceuta necesita humanidad, sí, pero también autoridad, orden y cumplimiento de las normas. Y en aquello que corresponde al Ayuntamiento, Juan Vivas tiene que gobernar, no limitarse a contarlo en televisión.