Se acabaron las contemplaciones. Quien tenga adjudicada una vivienda de protección oficial y la esté utilizando para alojar irregularmente a personas que entraron en Ceuta durante la avalancha fronteriza de los días 30 y 31 de julio debe afrontar todas las consecuencias previstas por la ley. Una VPO no es una propiedad para hacer negocio, montar una pensión clandestina ni decidir unilateralmente quién vive dentro. Es un recurso protegido destinado a solucionar las necesidades de vivienda de quienes cumplen unas condiciones determinadas.
Se acabaron las contemplaciones. Quien tenga adjudicada una vivienda de protección oficial y la esté utilizando para alojar irregularmente a personas que entraron en Ceuta durante la avalancha fronteriza de los días 30 y 31 de julio debe afrontar todas las consecuencias previstas por la ley. Una VPO no es una propiedad para hacer negocio, montar una pensión clandestina ni decidir unilateralmente quién vive dentro. Es un recurso protegido destinado a solucionar las necesidades de vivienda de quienes cumplen unas condiciones determinadas.
Y da exactamente igual que exista cobro o que se haga gratuitamente a efectos de exigir el cumplimiento de las condiciones de adjudicación: si la normativa y el contrato impiden ceder la vivienda o alojar de manera permanente a personas no autorizadas, hay que actuar. La Ciudad asegura que en una VPO de Loma Colmenar fueron localizadas cerca de veinte personas y que estudia las consecuencias jurídicas del caso. Ante situaciones así, inspección inmediata, expediente y, cuando quede acreditado el incumplimiento y proceda legalmente, rescisión del contrato.
Tampoco podemos fingir que Ceuta vive una situación normal. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, definió lo ocurrido el 30 de julio como un «ataque» y una «violación de la integridad territorial de España». El Gobierno central terminó declarando posteriormente la situación de interés para la seguridad nacional ante una entrada irregular que desbordó las capacidades fronterizas y numerosos servicios públicos de la ciudad. En términos editoriales, ante semejante irrupción masiva, resulta legítimo sostener que Ceuta sufrió una invasión de hecho de su territorio, aunque esa sea una valoración y no la denominación jurídica oficial de cada persona que entró.
Lo verdaderamente indignante sería que mientras miles de ceutíes cumplen las normas, pagan sus impuestos y esperan durante años una oportunidad para acceder a una vivienda, alguien utilice una VPO para alojar irregularmente a terceros. Y si encima aparece el negocio y se está cobrando por camas, habitaciones o espacios hacinados, la respuesta debe ser todavía más severa. En Ceuta ya se han investigado alojamientos en condiciones indignas en los que presuntamente se cobraban cantidades a migrantes vulnerables.
La Ciudad hace bien en poner pie en pared. Ni una VPO convertida en alojamiento clandestino, ni un euro público destinado a proteger el derecho a la vivienda utilizado fraudulentamente. Que se inspeccione, que se sancione y que, cuando jurídicamente corresponda, se recupere inmediatamente la vivienda para adjudicarla a quien realmente tenga derecho a ella. La solidaridad personal no concede una patente para disponer a voluntad de un bien público ni para incumplir sus condiciones. En una situación excepcional como la que atraviesa Ceuta, mirar hacia otro lado sería una irresponsabilidad.